En agosto de 2013 se promulgó la Ley Nº 26.877, sobre la representación
estudiantil
Según dispone
la nueva legislación, a partir de ahora las autoridades educativas de todo el
país "deben reconocer los centros de estudiantes como órganos democráticos
de representación estudiantil", además de "promover la participación
y garantizar las condiciones institucionales" para su funcionamiento.
Los
centros de estudiantes tendrán como principios generales:
a)
Fomentar la formación de los estudiantes en los principios y prácticas
democráticas, republicanas y federales, así como en el conocimiento y la
defensa de los derechos humanos;
b)
Afianzar el derecho de todos los estudiantes a la libre expresión de sus ideas
dentro del pluralismo que garantizan la Constitución Nacional y las leyes;
c)
Defender y asegurar el cumplimiento y pleno ejercicio de los derechos
estudiantiles;
d)
Contribuir al cumplimiento de las garantías vinculadas al derecho de aprender y
al reconocimiento de la educación como bien público y derecho social;
e)
Colaborar con la inserción de los estudiantes en su ámbito social orientada al
desarrollo de acciones en beneficio del conjunto de la comunidad;
f)
Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación y al logro de un clima
institucional democrático que permita el mejor desarrollo de las actividades
educativas;
g)
Promover la participación activa y responsable del alumnado en la problemática
educativa;
h)
Gestionar ante las autoridades las demandas y necesidades de sus representados;
i)
Proponer y gestionar actividades tendientes a favorecer el ingreso, la
permanencia y el egreso de sus representados.
Puede consultarse el texto completo http://www.infojus.gov.ar/index.php?kk_seccion=documento®istro=LEYNAC&docid=LEY%2520C%2520026877%25202013%252007%252003
Como contrapartida, un
legislador del PRO presentó un proyecto de ley para prohibir que los
menores de 16 años participen en marchas. El legislador macrista propone que la
policía saque de las protestas sociales o políticas a los jóvenes que vea en la
manifestación, e incluso que el Estado, también a través de la policía, impida
que los padres lleven a sus hijos a una movilización. Frente a las críticas que
recibió su proyecto, el legislador
argumenta que se trata de un tema de “minoridad”. “Por algo hay
películas prohibidas para menores de 13 o de 16 años.”
El proyecto fija multas para los “organizadores” de protestas a las que vayan
jóvenes o niños. Plantea además que sus padres o tutores sean enviados a hacer
un “curso” sobre “los derechos y la educación de los menores de edad”.
La
noticia completa en
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-225754-2013-08-01.html
El debate queda abierto...
